40 años del envenenamiento de la colza
El desamparo de las
víctimas de la intoxicación masiva sigue vivo hoy
El
1 de mayo de 1981 fallecía en Torrejón de Ardoz
(Madrid) Jaime Vaquero García, de ocho años, afectado por una
enfermedad a la que llamaban “neumonía atípica”. Una semana más tarde seis
personas habían muerto y otras 150 estaban enfermas solo en la provincia de
Madrid. Ese verano y en los meses siguientes fallecieron más de 600. Alrededor
de 25.000 resultaron afectadas en una veintena de provincias (las cifras
oficiales, sin embargo, rebajan el número de fallecidos a 346 y el número de
afectados a 18.500). Fue el primer caso de
envenenamiento masivo de España.
El
fraude provenía de desnaturalizar aceite de colza (inicialmente comestible) al
añadirle la anilina, que fue el agente tóxico de la enfermedad, aun desconocido
entonces, según la sentencia del Supremo de septiembre de 1997. El aceite
resultante se destinó al consumo humano en un circuito de venta ambulante y
también clandestina entre vecinos y sin ningún tipo de control: aceite barato
para pobres. Una de las empresas más activas fue
RAELSA, ubicada en Alcorcón, causante de la mayor parte del
envenenamiento en los municipios del sur de la Comunidad de Madrid.
En octubre de 1995 se inició el “juicio de los altos cargos” que
concluyó el año siguiente con la condena simbólica de un funcionario para que
el Estado se hiciera cargo de las indemnizaciones. Sin embargo, la condena definitiva no llegó hasta 1997, más de 16 años después del inicio del
envenenamiento masivo. El Supremo condenó a dos funcionarios por imprudencia
temeraria a seis meses y un día de prisión y al Estado, como responsable civil
subsidiario, a pagar la totalidad de las indemnizaciones. En 2006 todavía
quedaban 36 expedientes por concluir y unas 300 personas con derecho a cobrar
indemnización que entonces no habían presentado su reclamación. A principios de
los años noventa, Sanidad abrió unidades especializadas en todas las
comunidades autónomas, además de una unidad de investigación de la enfermedad
en el Instituto Carlos III. En 2021 solo un hospital, el 12 de Octubre de
Madrid, cuenta con dos salas precarias especializadas para las miles de
víctimas. El resto de unidades de las comunidades autónomas se desmanteló,
aunque los Presupuestos Generales del Estado de 2021 incluyen en el capítulo
relativo a los servicios sociales una dotación de créditos por valor de 27,5
millones de euros para los afectados por el síndrome tóxico.
¿Qué reclaman las víctimas? La mayoría de las ayudas no llegaron, el
proceso de cobro fue muy lento y hoy algunos no tienen ni pensión, pero las
secuelas de aquella epidemia no han desaparecido. Viven enganchados a las
promesas sin otro horizonte. Tampoco nunca les ha recibido un presidente del
Gobierno. Quizá el gesto escandaloso de la ocupación de una sala del Prado ha tapado el desvalimiento
de las víctimas, 40 años después de su envenenamiento.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor, todo comentario o escrito CONSTRUCTIVO, espero entre todos no avergonzarnos de ponernos al nivel de los que no queremos.
Gracias