La "medicalización"
de las residencias de la Comunidad de Madrid se hizo con sanitarios venezolanos
sin contrato
La empresa Transamed, contratada por el
Gobierno de Ayuso, empleó a tres médicos extranjeros para realizar las visitas
a los geriátricos. Cuando estos profesionales pidieron ser pagados, el dueño de
la empresa les planteó que había más sanitarios que querían trabajar y a los
que no tenía "por qué hacer ningún contrato
La "Operación Bicho", que es como bautizó el
Gobierno de Isabel Díaz Ayuso su plan para "medicalizar las
residencias" durante los días críticos de la pandemia en los que murieron
más de 7.000 ancianos, consistió en contratar a una empresa sin apenas
estructura que reclutó a tres médicos venezolanos residentes en España con una
visa de estudiante y a los que no se dio de alta en la Seguridad Social. Pese a
que el cometido de estos facultativos era el de inspeccionar geriátricos donde
el coronavirus había multiplicado la tasa de mortalidad de los ancianos, parte
del personal que acudió a las residencias entre el 26 de marzo y el 6 de abril,
y que firmó las actas describiendo lo que se encontró dentro, no tenía contrato
ni seguro. Cuando los trabajadores se quejaron, el gerente de la sociedad,
Eduardo Aragonés, amenazó con prescindir de ellos para reclutar a médicos sin
contrato que tuvieran más necesidad de trabajar.
La documentación en poder de eldiario.es y los
testimonios de cuatro trabajadores que participaron en el dispositivo describen
un sinfín de irregularidades, falta de coordinación y descontrol por parte del
Gobierno regional y la subcontrata que eligió para esta misión. El importe
todavía se desconoce porque la operación se llevó a cabo mediante los trámites
simplificados para dar respuesta a la crisis de la COVID-19. La emergencia
sanitaria impactó duramente en los centros de mayores, especialmente en
autonomías como Madrid, en las que las residencias se convirtieron en focos de
brotes e infecciones. El balance de víctimas actualmente alcanza los 8.236 ancianos fallecidos, de ellos 5.987 eran casos confirmados o con sospechas
de coronavirus.
El rosario de irregularidades que describe el personal sanitario
reclutado por Transamed es interminable: ausencia de contratos, retrasos en los
pagos y salarios por debajo de lo que inicialmente les prometieron.
Cuando el personal hizo ver a la empresa que estaba
incumpliendo las condiciones pactadas, su gerente, Eduardo Aragonés, amenazó a
los tres médicos venezolanos con prescindir de ellos para emplear a otros
facultativos en negro que necesitasen más el trabajo. "Hay más gente, más
médicos que quieren trabajar, hay más gente que quiere trabajar ilegales, que
no les tengo por qué hacer ningún contrato. Vosotros mismos, de verdad. Es una
pena", llega a decir en un mensaje de audio remitido a un grupo de
WhatsApp en el que se encontraba parte de su plantilla, al que ha tenido acceso
esta redacción y que se reproduce más abajo.
El empresario, en una larga conversación con este medio,
no ha sido capaz de explicar por qué no registró en la Seguridad Social los
contratos del personal que mandó a las residencias en los días más duros de la
pandemia y sin estar cubiertos por un seguro.