Se buscan cuidadores: ¿por qué faltan profesionales para atender a personas con dependencia?
En 2040 España será el país con mayor esperanza de vida del planeta. La población española avanza sin freno hacia el envejecimiento. Junto a la cada vez mayor longevidad de la población, aparece un efecto inevitable: según un informe de Unespa, la tasa de dependencia aumentará del 29,6% en 2018 al 40,7% en 2033. En este contexto, en que cada vez habrá más personas que padezcan algún tipo de enfermedad o condición por la que necesiten asistencia, se plantea un enorme yacimiento de empleo que necesita profesionales plenamente preparados.
Aunque el sector está mejorando en cuanto a criterios de contratación y profesionalización de sus empleados, para paliar ese déficit, aún queda mucho por hacer. El primer paso lo han dado seis expertos en formación profesional que, en una mesa redonda organizada por El Independiente y CLECE, han querido evidenciar los problemas a los que se enfrenta la profesión y debatir posibles soluciones antes de que sea demasiado tarde.
En 2017 se formaron 4.402 cuidadores -tanto para domicilios como para instituciones públicas o privadas- en Madrid y, según apunta la Jefa de Intermediación Laboral de la Comunidad, Belén Rullas, se han cubierto 2.300 puestos de trabajo en el sector (el grueso ha ido dirigido a las 1.700 vacantes en instituciones públicas). Se trata de unas cifras optimistas que, sin embargo, no son suficientes para los más de 25.000 usuarios que necesitan ayuda presencial solo en la capital, “un número que crece a medida que pasa el tiempo”, alerta el responsable de Entidades Sociales e Intermediación de CLECE, Francisco Javier Gallego.
Se prevé que en 2050 el índice de dependencia en personas mayores crezca hasta el 30% frente al 18% actual
Así, pese a constituir un significativo nicho de empleo – el grado medio en Atención de Personas con Dependencia tiene un 71,5% de empleabilidad– el índice de fracaso es superior al 50%. “Solo cuatro de cada 10 personas consiguen el título”, lamenta Guadalupe Bragado, directora general de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen de Madrid.
Circunstancias como la “mala fama” que proyecta una profesión históricamente “relegada a las mujeres de la familia, quienes desempeñaban el rol de cuidadoras dentro del núcleo familiar“; la economía sumergida; la histórica falta de profesionalización del personal; la precariedad laboral o el feminizado perfil demandante son algunos de los lastres que arrastra una profesión que necesita “cambiar su imagen” y “promulgar un cambio social para que se entienda la necesidad de la atención primaria”.
Los obstáculos del sector
Durante el debate, los expertos pusieron sobre la mesa varios problemas estructurales sobre los que “hay que trabajar de manera coordinada entre empresa, Administración y centro de estudios” ya que provocan, además de un déficit de personal, que el poco disponible se marche a otros países europeos donde los salarios y la calidad del puesto difiere enormemente de lo registrado en nuestro país. Por ejemplo, Alemania se está convirtiendo en un país receptor de solicitantes, donde lo más interesante son los 1.780 euros brutos abonados al especialista por una jornada parcial y los 2.300 brutos sufragados cuando la contratación se produce a jornada completa.
Pero no es el único problema. De hecho, el más importante, coinciden los expertos, es el escaso atractivo de un sector en que la precariedad laboral y la economía sumergida están a la orden del día. “Existe poca intención de hacer atractiva la profesión por parte de las instituciones” por “los salarios bajos” que motivan “la baja empleabilidad”, lamenta Gallego. “Además habría que unificar las condiciones laborales a nivel nacional” ya que “no puede ser que se valoren estos servicios tres veces más baratos en un contrato que en otro, dependiendo de la ciudad donde se realicen”.
Existe poca intención de hacer atractiva la profesión por parte de las instituciones, donde la precariedad laboral y la economía sumergida están a la orden del día”
El director de Formación Profesional del centro Padre Piquer, Roberto Alonso, señala también como impedimento el hecho de que el Grado Medio en Atención a Personas Dependientes esté aún supeditado a la LOGSE dese 1995, por lo que los alumnos solo cuentan con un año y tres meses para aprender a trabajar con personas, algo que, “aunque no lo parezca”, es “mucho más complicado que arreglar una máquina, por ejemplo”.
Por su parte, la directora de la Oficina de Empleo de San Isidro, María Luisa Fernández señala otro dilema: el mayoritario perfil de “mujeres, de mediana edad e inmigrantes” entre los solicitantes, lo que plantea nuevos retos en la profesión, como promocionar el título entre un perfil masculino. También de abordar la cuestión de la formación, sobre todo en perfiles inmigrantes.
Como propone Guadalupe Bragado, “hay que facilitar el acceso a la educación desde cero” y enseñar y orientar “desde el minuto uno” no solo lo que compete al grado, sino también en “conceptos básicos como los términos de una nómina o la declaración de la renta”.
¿Cómo remediarlo?
Los retos que plantea la dependencia en el corto y largo plazo en España no se han quedado sin sus correspondientes propuestas para afrontarlos. Así, de cara a optimizar la profesión para que deje de ser “el hermano pobre de la atención sociosanitaria”, el experto de CLECE pide “luchar por cambiar la imagen que tiene la gente joven” ya que “si conseguimos garantizar la profesionalización, mejorarán los salarios y la percepción de una profesión tan necesaria en España”.
Para plantear y convencer a los jóvenes de que trabajar con mayores dependientes se erige como una opción de futuro, Javier López, director del Centro de Estudios Superiores Fuencarral, sugiere trabajar en dos vertientes: por un lado, “invertir en comunicación y promoción del grado” y “valorar la figura de los orientadores, quienes deben ser profesionales con vocación de profesor” por su papel fundamental en el correcto encauzamiento de los intereses de los alumnos.
Este último pilar ya comienza a ser una realidad, al menos en Madrid, donde “se está apostando por la figura del orientador”. “Tenemos 450 orientadores en las 42 oficinas de empleo, mientras que hace cuatro años estábamos en la mitad. Se está invirtiendo bastante, pero aún no es suficiente”, asegura Rullas.
En definitiva, con el debate organizado por El Independiente en colaboración con CLECE, los expertos Francisco Javier Gallego, Guadalupe Bragado, Roberto Alonso, María Luisa Fernández, Belén Rullas y Javier López han querido “alzar la voz” en el todavía complicado limbo social, político y económico en el que se encuentra el sector y sentar las bases para afrontar los retos de los que dependerá el futuro -óptimo o no- de millones de españoles.
La ley de la dependencia fue aprobada en 2007, pero desde entonces las diferentes administraciones competentes no han hecho todo lo necesario para para desarrollar todo el potencial de esta ley.
ResponderEliminarDado que los importes a aportar a esta ley corren a cuenta de la administración central y autonómica, cada cual intenta desentenderse de sus obligaciones presupuestarias.
Llegados a este punto no me sorprende nada las conclusiones a que han llegado en esta mesa redonda. En España las administraciones publicitan mucho sus políticas en favor del bienestar de las personas mayores, pero a la hora de formar o contratar al personal especializado en dependencia o no se les contrata o bien se abonan sueldos de miseria.
Pues no me sorprende nada que muchos de ellos acaben por marcharse a otros países, donde se valora su valia profesional y reciben un sueldo digno.
Saludos:
Jomaral, deberíamos de luchar para que les merezca la pena quedarse aquí. Ellos mas a gusto y nosotros mejor atendidos.
ResponderEliminarUn Abrazo!!!!