Suspenden la RGI a 240 beneficiarios paquistaníes por
aportar documentación falsa
La consejera Artolazabal dice que la RGI es un sistema
«con garantías en el control» donde el fraude y uso indebido no alcanza el 1%
La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz
Artolazabal, ha informado este lunes de que se ha suspendido el pago
de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a 240 beneficiarios paquistaníes por
presentar un documento de bienes de su país que "es falso".
La consejera ha comparecido en el Parlamento Vasco a
petición del PP para informar de las presuntas falsificaciones de documentación
para obtener ayudas sociales después de que en diciembre de 2017 la Policía
Nacional desarticulara un grupo
organizado que proveía de documentación falsa a ciudadanos paquistaníes con
el objeto de obtener la RGI y ayudas de la Diputación de Gipuzkoa y que podría
haber defraudado más de 3,7 millones de euros.
Tras destaparse ese presunto fraude el director de
Lanbide, Borja Belandia, anunció que estaban revisando todos los
expedientes de perceptores de la RGI de nacionalidad paquistaní.
Según ha detallado Artolazabal en la revisión que se ha
hecho se han detectado 626 expedientes de solicitudes de RGI que
incluían un documento que acreditaba que la persona no tenía
bienes en Pakistán y que el Gobierno paquistaní ha indicado que "es
falso".
En la actualidad un total de 240 expedientes han sido suspendidos y
se investiga la situación del resto, ya que algunos podrían no
estar recibiendo ayudas en estos momentos, según han precisado fuentes del
departamento que dirige Artolazabal.
La consejera también ha querido ser "prudente" para determinar la legalidad o ilegalidad de los expedientes analizados
porque en años anteriores y en situaciones similares se suspendieron 90
expedientes de ciudadanos paquistaníes por usar pasaportes falsos y antes de
celebrarse el juicio se llegó a un acuerdo entre defensas y Fiscalía y se
"tuvo que reanudar" la prestación a "todas las personas".
También ha precisado que habrá que esperar a la sentencia
judicial que declare falsos los documentos para poder reclamar el dinero
supuestamente defraudado.
La
investigación
La consejera ha explicado que el origen de la operación que finalizó con la desarticulación de la presunta trama delictiva comenzó en 2014 cuando en una oficina de Lanbide en Álava se observó documentación que
podría estar falsificada.
Se comunicó a la Ertzaintza y la Policía
Nacional inició sus investigaciones al detectar asimismo un "movimiento
importante" de paquistaníes hacia Gipuzkoa.
Así ha añadido que fue la Policía
Nacional la que les comunicó que tenían un informe con fecha 30 de marzo de 2016 del Gobierno
de Pakistán que indicaba que un documento de bienes que algunos nacionales
estaban presentando en sus solicitudes para las ayudas sociales era
"falso".
Artolazabal ha precisado que ese mismo
año comenzaron a
suspender cautelarmente expedientes presentados por ciudadanos paquistaníes.
Fraude por
debajo del 1%
La consejera ha puesto en valor las labores de control de Lanbide pero también ha indicado que hay competencias que no son suyas, como lo
relacionado con la acreditación de la falsedad de la documentación.
Ha destacado el alto número de
revisiones de expedientes de RGI que realiza Lanbide, que han pasado de 33.167
en 2012 a un total de 132.106 en 2017.
También ha recalcado la importancia de la
interoperabilidad entre administraciones para hacer frente a
una posible falsificación y ha indicado que Lanbide ha hecho 4,4 millones de
transmisiones de datos en 2017.
Otro elemento importante es la formación. La consejera ha
explicado que en 2015 se organizó en colaboración con la Ertzaintza un curso de
falsedad documental dirigido a trabajadores de Lanbide. En él participaron 56
personas que cubrieron todas las oficinas de este servicio en Euskadi.
Finalmente ha hablado de la apuesta por las nuevas
tecnologías para mejorar la gestión y el control, como la huella digital que en
abril entrará en funcionamiento en diez oficinas de Lanbide, y ha valorado el
papel de la RGI para la cohesión y el bienestar de la sociedad.
A fecha de 28 de febrero hay un total de 106.269
perceptores de la RGI y según ha informado el Departamento de Artolazabal el
fraude se sitúa en 0,9 %.
No me parece malo que las administraciones públicas dediquen una partida de los presupuestos para ayudas sociales. La solidaridad para con las personas más necesitadas dignifica a todo contribuyente.
ResponderEliminarPero una cosa es ayudar a quien de verdad pasa necesidades y otra bien distinta es que tratando de no ser tachado de racista los gobiernos dediquen las ayudas sociales a todos los colectivos que lo solicitan.
Esta noticia pone en evidencia el poco control que las administraciones ponen a la hora de otorgar las ayudas sociales que mayoritariamente favorecen a los inmigrantes.
Dado que los datos que se disponen sobre dichas personas son escasos y en muchos casos resultan difíciles de comprobar, las medidas de control resultan deficitarias.
Y sin embargo los políticos a la hora de justificar la gestión solo hacen hincapié en los bajos índices de fraude que se tienen, cuando lo verdaderamente importante está en que el reparto de estas ayudas sea para las personas que realmente puedan demostrar que las necesitan.
DE poco me vale si los beneficiarios de estas ayudas sean pocos o muchos, respecto a años anteriores, o cuales son los colectivos a los que llegan las ayudas, lo importante es que nadie pueda acceder a estaos beneficios si no se puede garantizar que los datos aportado sean verdaderos
Si a las ayudas, para pícaros y aprovechados nada
Saludos:
Eso mismo pienso yo. Y creo que hoy tienen medios para tener todo mas controlado. Gracias Jomaral
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