jueves, 15 de marzo de 2018

Beneficiarios Paquistaníes



Suspenden la RGI a 240 beneficiarios paquistaníes por aportar documentación falsa

La consejera Artolazabal dice que la RGI es un sistema «con garantías en el control» donde el fraude y uso indebido no alcanza el 1%


La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha informado este lunes de que se ha suspendido el pago de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a 240 beneficiarios paquistaníes por presentar un documento de bienes de su país que "es falso".

La consejera ha comparecido en el Parlamento Vasco a petición del PP para informar de las presuntas falsificaciones de documentación para obtener ayudas sociales después de que en diciembre de 2017 la Policía Nacional desarticulara un grupo organizado que proveía de documentación falsa a ciudadanos paquistaníes con el objeto de obtener la RGI y ayudas de la Diputación de Gipuzkoa y que podría haber defraudado más de 3,7 millones de euros.

Tras destaparse ese presunto fraude el director de Lanbide, Borja Belandia, anunció que estaban revisando todos los expedientes de perceptores de la RGI de nacionalidad paquistaní.

Según ha detallado Artolazabal en la revisión que se ha hecho se han detectado 626 expedientes de solicitudes de RGI que incluían un documento que acreditaba que la persona no tenía bienes en Pakistán y que el Gobierno paquistaní ha indicado que "es falso".

En la actualidad un total de 240 expedientes han sido suspendidos y se investiga la situación del resto, ya que algunos podrían no estar recibiendo ayudas en estos momentos, según han precisado fuentes del departamento que dirige Artolazabal.

La consejera también ha querido ser "prudente" para determinar la legalidad o ilegalidad de los expedientes analizados porque en años anteriores y en situaciones similares se suspendieron 90 expedientes de ciudadanos paquistaníes por usar pasaportes falsos y antes de celebrarse el juicio se llegó a un acuerdo entre defensas y Fiscalía y se "tuvo que reanudar" la prestación a "todas las personas".

También ha precisado que habrá que esperar a la sentencia judicial que declare falsos los documentos para poder reclamar el dinero supuestamente defraudado.

La investigación

La consejera ha explicado que el origen de la operación que finalizó con la desarticulación de la presunta trama delictiva comenzó en 2014 cuando en una oficina de Lanbide en Álava se observó documentación que podría estar falsificada.

Se comunicó a la Ertzaintza y la Policía Nacional inició sus investigaciones al detectar asimismo un "movimiento importante" de paquistaníes hacia Gipuzkoa.

Así ha añadido que fue la Policía Nacional la que les comunicó que tenían un informe con fecha 30 de marzo de 2016 del Gobierno de Pakistán que indicaba que un documento de bienes que algunos nacionales estaban presentando en sus solicitudes para las ayudas sociales era "falso".

Artolazabal ha precisado que ese mismo año comenzaron a suspender cautelarmente expedientes presentados por ciudadanos paquistaníes.

Fraude por debajo del 1%

La consejera ha puesto en valor las labores de control de Lanbide pero también ha indicado que hay competencias que no son suyas, como lo relacionado con la acreditación de la falsedad de la documentación.

Ha destacado el alto número de revisiones de expedientes de RGI que realiza Lanbide, que han pasado de 33.167 en 2012 a un total de 132.106 en 2017.

También ha recalcado la importancia de la interoperabilidad entre administraciones para hacer frente a una posible falsificación y ha indicado que Lanbide ha hecho 4,4 millones de transmisiones de datos en 2017.

Otro elemento importante es la formación. La consejera ha explicado que en 2015 se organizó en colaboración con la Ertzaintza un curso de falsedad documental dirigido a trabajadores de Lanbide. En él participaron 56 personas que cubrieron todas las oficinas de este servicio en Euskadi.

Finalmente ha hablado de la apuesta por las nuevas tecnologías para mejorar la gestión y el control, como la huella digital que en abril entrará en funcionamiento en diez oficinas de Lanbide, y ha valorado el papel de la RGI para la cohesión y el bienestar de la sociedad.

A fecha de 28 de febrero hay un total de 106.269 perceptores de la RGI y según ha informado el Departamento de Artolazabal el fraude se sitúa en 0,9 %.

2 comentarios:

  1. No me parece malo que las administraciones públicas dediquen una partida de los presupuestos para ayudas sociales. La solidaridad para con las personas más necesitadas dignifica a todo contribuyente.
    Pero una cosa es ayudar a quien de verdad pasa necesidades y otra bien distinta es que tratando de no ser tachado de racista los gobiernos dediquen las ayudas sociales a todos los colectivos que lo solicitan.
    Esta noticia pone en evidencia el poco control que las administraciones ponen a la hora de otorgar las ayudas sociales que mayoritariamente favorecen a los inmigrantes.
    Dado que los datos que se disponen sobre dichas personas son escasos y en muchos casos resultan difíciles de comprobar, las medidas de control resultan deficitarias.
    Y sin embargo los políticos a la hora de justificar la gestión solo hacen hincapié en los bajos índices de fraude que se tienen, cuando lo verdaderamente importante está en que el reparto de estas ayudas sea para las personas que realmente puedan demostrar que las necesitan.
    DE poco me vale si los beneficiarios de estas ayudas sean pocos o muchos, respecto a años anteriores, o cuales son los colectivos a los que llegan las ayudas, lo importante es que nadie pueda acceder a estaos beneficios si no se puede garantizar que los datos aportado sean verdaderos
    Si a las ayudas, para pícaros y aprovechados nada


    Saludos:

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    1. Eso mismo pienso yo. Y creo que hoy tienen medios para tener todo mas controlado. Gracias Jomaral

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Gracias