Recortes en Sanidad

“Vas a poner la ropa de cama para un paciente y te das cuenta de que está negra de manchas de humedad. Llena de mierda”. “Llega mal planchada, y rota”. “Hay un riesgo de contagio de enfermedades infectocontagiosas”. Tres frases de otros tantos representantes sindicales reflejan las quejas que provoca desde 2013 la privatización de los servicios de lavandería de los 19 hospitales madrileños: el 33% de la ropa que vuelve a los centros sanitarios no es utilizable, según una auditoría a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Esos fríos datos se traducen en ocasiones en olores, colores y sabores. Todos desagradables. Muchos en contacto con la piel de los pacientes. Y la mayoría presentes en el día a día de los hospitales públicos, que seguirán lavando así su ropa al menos hasta finales de 2019: en 2017, la Comunidad renovó dos años el acuerdo con la concesionaria —para un total de casi 70 millones en los seis años—.

“La calidad del servicio es regular”, resume la auditoría. “Observamos que todavía siguen persistiendo los mismos errores de las anteriores auditorías, por lo que se considera que la problemática seguirá presente hasta que se tomen las medidas adecuadas”. Y advierte: “El porcentaje de ropa no utilizable se encuentra por encima del mínimo establecido, y en algunos casos se encuentra en estándares muy elevados. Esta situación trastorna el buen funcionamiento de las áreas de lencería de los hospitales y en algunos casos no han tenido otra opción que incorporar ropa no utilizable a su circuito de entrega de ropa limpia utilizada para dar servicio a sus pacientes”.

Cuando la ropa llega de la lavandería externa, se recibe en el servicio de lencería de los hospitales públicos. En La Paz este servicio se encuentra bajo tierra. Allí los trabajadores, ataviados con ropa blanca, recogen las grandes bolsas que entregan los camiones de reparto y, tras abrirlas, se encargan de seleccionar cada prenda —que lleva un chip identificativo— y comprobar si se encuentra en buen estado. Las que llegan mal, se devuelven a los camiones que las recogen cuatro veces al día; las que están bien pasan a una percha individual que se introduce en un sistema de carrusel con cuatro cintas de dispensación. Este carrusel parece un hilo infinito de ropa que se mueve enloquecida, como en una película futurista. Al final de cada cinta hay una máquina expendedora de donde deben recoger su ropa los sanitarios. La ropa de cama y de los enfermos se reparte con carritos por el hospital.

El sistema requiere de una precisión y una coordinación similares a los de una orquesta. Ocurre, sin embargo, que en este caso hay músicos que desafinan.

 “Hay un riesgo de contagio de enfermedades”, advierte Rosa Muela, de CCOO. “Esto afecta tanto a pijamas de pacientes como a la ropa de los trabajadores y la ropa de las camas de los enfermos”, añade Julián Ordóñez, secretario de Sanidad de UGT. El sindicato de enfermería Satse ve problemas similares.

Aguirre y Cifuentes

La privatización, aseguró entonces el Gobierno de Esperanza Aguirre, ahorraría más de 36 millones. A cambio, las concesionarias firmaron hasta 2017 por 47,5 millones. Hace dos años, el Gobierno de Cristina Cifuentes decidió renovar el acuerdo hasta finales de 2019 por más de 22 millones. Fue una decisión llamativa: la propia Comunidad sancionó con cientos de miles de euros a la concesionaria durante los primeros años de contrato, y los auditores señalan que los mismos problemas se repiten una y otra vez. De hecho, el Ejecutivo quiere incluir nuevas cláusulas de sanción en el próximo acuerdo.

“Algunos parámetros de calidad no son los idóneos”, reconoce un portavoz de la consejería de Sanidad. “[En el próximo contrato] se cambiará de la modalidad de pago por kilos a pago por prenda, lo que permitirá ajustarse mejor a las necesidades concretas y puntuales de cada centro”.

“Cumplimos con los estándares que nos marca el contrato con la Comunidad y cada vez que llega un informe de auditoría estamos en permanente contacto para ver dónde están los problemas y solucionarlos”, explica un portavoz de la empresa concesionaria.

Mientras los gestores mejoran el sistema, penan profesionales y pacientes: arrugas, suciedad, manchas y roturas son los principales problemas.

Un problema que afecta a 19 hospitales

La Comunidad de Madrid privatizó en 2013 el servicio de lavandería para 19 hospitales públicos que hasta entonces tenían un servicio propio. Se trata del Hospital Universitario La Paz, Hospital de Cantoblanco, Hospital Universitario Doce de Octubre, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Hospital Clínico San Carlos, Hospital Universitario de la Princesa, Hospital Universitario Santa Cristina, Hospital Carlos lll, Hospital lnfantil Universitario Niño Jesús, Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela, Hospital Virgen de la Torre,Hospital de la Fuenfría, Hospital Universitario de Getafe, Hospital Universitario de Móstoles, Hospital Severo Ochoa, Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Hospital El Escorial y Hospital Guadarrama.

La ropa que reciben los hospitales no tiene el nivel de calidad requerido con un porcentaje de ropa no utilizable que incumple el máximo admitido en el contrato (5%). Las principales ineficiencias son que un 13.5% de la ropa está arrugada, un 9,6% está sucia, un 5,9% tiene defectos por culpa de la calandra (una máquina para procesar las prendas), un 2,7% de las prendas tienen roturas, otro 2,4% con falta de costura y un 1,4% de ropa con humedad.

Además de la mala calidad hay otros problemas, como que no se envía ropa suficiente (con una merma diaria del 6%), no se separan prendas para costura en el 36% de las entregas y no se reciben algunas prendas en el 44,5% de las entregas.