Un 'ejército' fantasma
de 5.000 niños: los menores inmigrantes desaparecidos en Italia
"Sólo una cosa es segura: nadie los busca. Lo
único que se puede hacer en Italia es informar de su desaparición, no se
permite presentar una denuncia. Por eso, ni la policía ni los carabineros los
buscan”. Así de rotundo se muestra Paolo Rozera, director de Unicef Italia,
ante las preguntas de este medio sobre el dramático fenómeno de los miles de
niños inmigrantes que, desde hace años,desaparecen en territorio italiano.
Son los menores invisibles, niños que se han evaporado
tras haber sido registrados en el sistema de acogida local, la mayoría entre
las 48 y 72 horas siguientes a su llegada al Viejo Continente. Un ejército
fantasma integrado por 5.828 menores -según un informe de Save the Chlidren-, de los cuales unos
2.440 desaparecieron sólo en 2017, según datos del Ministerio del Trabajo y
Asuntos Sociales.
El cómputo excluye la desconocida cifra de menores no
acompañados víctimas de la trata, preadolescentes y adolescentes que al
desembarcar, y bajo amenaza de los traficantes, aseguran ser mayores de edad y
acaban en las redes de prostitución. Esto impide que los expertos se atrevan a
concretar cuántos menores inmigrantes han desaparecido en Italia. "Cualquier
número es una estimación sobre un fenómeno que no ha disminuido”, insiste
Rozera.
"La inacción de Italia y Europa ha sido absoluta,
a pesar de que hayamos pedido reiteradamente la creación de un banco de datos
europeo con las generalidades de cada uno de estos menores. Esto demuestra que el
fenómeno ha sido menospreciado en toda la Unión Europea”, añade el director de Unicef Italia.
El fenómeno también es difícil de calibrar porque las
circunstancias de las desapariciones son complejas de reconstruir, la
coordinación europea sigue siendo insuficiente y todavía no existe un
sistema internacional eficaz para rastrear a estos niños, sostienen los
expertos. A todo esto se suma la cuestión de los menores no acompañados que
abandonan las estructuras de acogida.
“Nuestros hogares de acogida no son cárceles, no
tenemos ni el personal ni la facultad de impedirles que se vayan. Tan
pronto entran en nuestros centros ya tienen un número de teléfono al que llamar
y, aterrorizados por los traficantes [que los han traído a Europa], cumplen las órdenes que
recibieron”, explicaba hace tiempo a esta reportera Simona Fernández, del
centro de acogida para menores ‘Salam’ de Taranto, en Sicilia. Una
situación que a día de hoy no ha cambiado.
Entre los
niños censados, la gran mayoría (90%) son varones y provienen de la África
subsahariana y Egipto. Los
primeros quieren generalmente continuar con su viaje hacia el norte de Europa,
una intención que se topa actualmente con el endurecimiento de las políticas en
fronteras como la italo-francesa. Allí precisamente se han registrado
testimonios de menores que aseguran que policías franceses llegaron a
cortarles la suela de los zapatos para impedir que continuasen con su
viaje, según Oxfam Intermon.
“De los egipcios, en cambio, tenemos constancia de que
siguen acabando en las grandes ciudades italianas explotados
ilegalmente en el sector de las frutas y verduras, en la construcción
y en restaurantes, donde les pagan hasta tres euros la hora”, explica Roberta
Petrilli, investigadora de Save The Children especializada en trata de seres
humanos. “De esta manera, devuelven la deuda contraída por sus padres,
que con tal de que los chicos lleguen a Europa se comprometen a pagar miles de
euros, una cantidad que los menores tienen que devolver a los traficantes”,
añade Petrilli.
Capítulo aparte son las víctimas de trata, en
su mayoría adolescentes nigerianas sujetas a las tiranías de los
proxenetas. “Después del desembarco, nos tomaron las huellas digitales y nos
llevaron a un centro… un apartamento fuera de la ciudad, en Siracusa (Sicilia).
Por las noches nadie nos vigilaba, así que nos escapamos; todas, las once. Allí
no había manera de contactar con nuestras familias y que nos enviaran dinero…
seis se quedaron, nosotras nos vinimos a pie para Catania (otra ciudad
siciliana)”, declaraba L., de 15 años, una joven que había partido un año antes de Eritrea.
"El
fenómeno también se da en España"
“Aunque también está el fenómeno de la
prostitución masculina de menores, muy visible en los alrededores de
la estación de trenes de Termini, en Roma”, explica Rozera, el
directivo de Unicef, una organización que también asiste a los menores
inmigrantes en las dos naves de la Guardia Costera que se encuentran ahora en
el Mediterráneo, la Diciotti y la Dattilo. “Es una actividad esencial,
intentamos que los menores reciban la información que necesitan”, indica.
Se trata, con todo, de una gota en medio de un mar
todavía muy turbulento. Egipto, con 1.513 menores migrantes
desaparecidos en 2017, Eritrea (con 1.326) y Somalia
(con 1.241) lideran la lista de países por número de niños desaparecidos. Les
siguen Afganistán, Nigeria y Gambia en "un fenómeno que en parte, también
se registra en otros países europeos, como España y Francia”,
añade Rozera.
Pese a todo, en Italia se han dado algunos pasos
positivos. En mayo de 2017 entró en vigor la ley Zampa, el
primer texto legislativo centrado específicamente en la protección de los
menores no acompañados que llegan a Italia. Un esfuerzo normativo que ha
propuesto, entre otras cosas, el nombramiento de tutores cualificados, la reducción
de los tiempos de permanencia en los centros de primera acogida y la
prohibición de rechazar a los menores que llegan a las fronteras italianas. Con
todo, “que este texto fuera aprobado fue una buena noticia, pero todavía se
requiere de más tiempo [para que se implemente adecuadamente]”, dice Petrilli.
A todo esto se suma la incógnita añadida por el
Gobierno liderado por el populista Movimiento 5 Estrellas y de la xenófoba Liga
de Matteo Salvini, que en menos de un mes en el poder ha mostradouna hostilidad frontal hacia la inmigración irregular.
Aunque, claro está, no todo son obstáculos originados en Italia. Un problema
añadido es la falta de políticas para faciliten las reagrupaciones familiares
porque, según las ONG, se encuentran paralizadas desde septiembre de 2017 en
todo el territorio europeo.
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