La otra 'maldición' de
los pozos ilegales
Con el
caso de Julen ha quedado patente que los pozos ilegales pueden ser peligrosos
para los humanos. Sin embargo, el principal riesgo lo corre otro sujeto: el
medioambiente, pues la proliferación de estas prospecciones está contribuyendo
en gran medida a que nuestras aguas subterráneas se estén agotando.
Los
últimos datos oficiales del Ministerio de Agricultura indicaban que en 2017
había en nuestro país un
millón de pozos ilegales. El delegado del Gobierno en Andalucía,
Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, preguntado por 20minutos sobre si el
Ejecutivo de Pedro Sánchez va a tomar alguna medida para acabar con los pozos
que no están en regla, contestó: "Ya hay una legislación".
Por su parte, el
Ministerio para la Transición Ecológica también indicó a este medio que es
muy difícil detectar dónde hay pozos ilegales, aunque pueden ser
denunciados por técnicos, civiles o municipios que adviertan su existencia.
Pero esta realidad no es un secreto, pues el propio Gobierno es conocedor de
que en lugares tan importantes –medioambientalmente hablando– como Doñana hay centenares
de este tipo de pozos, concretamente 580 según datos del Seprona.
"Se sabe
perfectamente dónde están los pozos ilegales, lo que pasa es que no hay
voluntad política para hacerles frente. El Gobierno mira hacia otro
lado porque políticamente no les interesa enfrentarse con el sector de
producción agraria", denuncia Juan López de Uralde, diputado del partido
ecologista EQUO.
"La
extracción ilegal es el pan nuestro de cada día y es uno de los
problemas más graves que tenemos en España. En Castilla-La Mancha hay un
acuífero muy importante, el acuífero 23, que es el que alimenta el Parque
Nacional de las Tablas de Daimiel. Ahora mismo está seco por la extracción de
agua subterránea", prosigue el diputado.
Además, los
efectos secundarios de esta lacra natural se extienden hasta los humanos, pues
cuanto más se agota el agua de los acuíferos, de peor calidad se vuelve.
López de Uralde explica que en ella "se acumula más salina y más nitratos,
por eso en gran parte de la cuenca mediterránea el agua es de tan poca
calidad".
A pesar de la
tragedia que ha ocurrido en Totalán a causa de uno de estos pozos, el
ecologista no cree que el Gobierno vaya a tomar cartas en el asunto: "Lo
que puede pasar es que se endurezca la normativa referida a
tapar los pozos, pero nada más".
El caso de Julen ha puesto en primer plano el tema de las perforaciones ilegales así como los pozos clandestinos que hay en España.
ResponderEliminarHace mucho tiempo que existe legislación sobre los flujos de agua – subterráneas como superficiales – pero por desgracia en este país nos topamos con la descentralización administrativa gubernamental y lo único que se consigues es que desde cada administración, gubernamental, autonómica, municipal, se echen la culpa unos a otros.
No hace mucho leía en prensa la noticia que hacienda usaba drones para localizar piscinas ilegales y con las pruebas gráficas iniciar un expediente sancionador contra los propietarios de estas instalaciones ilegales.
Y yo me pregunto, ¿no se podría utilizar drones a fin de localizar las prospecciones ilegales realizadas en cualquier terreno?, pero claro este trabajo será muy engorroso, poco productivo y posiblemente la hacienda pública acabe por recaudar un puñado de calderilla.
Demasiadas complicaciones para tan poco beneficio, y mientras tanto a la colectividad de ciudadanos, así les va, por la mínima infracción te cae un buen paquete, mientras que quienes se aprovechan de bienes públicos, caso de las aguas, como nadie vigila, sus fechorías les salen gratis.
Saludos:
Así es amigo!
ResponderEliminarEspero que con esta desgracia, cada uno en su zona sea capaz de vigilar mas.
No hacen falta muchos drones, solo controlar a los poceros y que hagan informes de todos los lugares que horadan.
Un Abrazo!!!!