Turistas Desalmados

Por fin un verano tranquilo en la costa: UK actúa contra el 'fraude de la diarrea'

Los hoteleros de la costa están contentos. Por primera vez en dos años afrontan el verano, la época de mayor facturación del año, con la tranquilidad de que no serán injustamente demandados por intoxicación alimentaria. Reino Unido, el país de donde procedían los casos, ha anunciado que aprobará en los próximos días un cambio legislativo para atajar de raíz la epidemia de reclamaciones falsas desencadenada en 2016 y que ha ocasionado pérdidas millonarias a turoperadores y hoteles españoles. Incluso Boris Johnson, exalcalde de Londres y actual ministro de Exteriores de Reino Unido, llegó a bromear con que sus compatriotas tienen "el aparato digestivo más delicado del mundo".

Aunque el asunto ha tenido gran exposición mediática y se ha culpado a Reino Unido, lo cierto es que el ejecutivo de Londres no ha dejado de moverse desde los primeros casos. Avisó, en primera instancia, de que las denuncias falsas serían castigadas con fuertes multas y hasta penas de cárcel, ofreciendo así un respiro a turoperadores y hoteles, totalmente desprotegidos ante este tipo de estafa. Además, durante el año pasado, cuatro parejas británicas fueron sancionadas por inventarse una gastroenteritis, con la imposición de costas y una importante cobertura informativa en Inglaterra. Esto, sumado a las operaciones policiales llevadas a cabo en nuestro país, ha servido para desincentivar una picaresca que ha costado 60 millones a los hoteles españoles.

Por último, anticipándose al verano, el Gobierno que dirige Theresa May ha adelantado que modificará la ley para que los turoperadores se sometan al mismo régimen de costes que el resto de las empresas demandadas por motivos de consumo. Hasta ahora, los turistas recibían una indemnización con mostrar un puñado de pruebas y el único modo de recuperar el dinero pasaba por llevar el asunto a los tribunales, algo que sistemáticamente era peor para la operadora, que en muchas ocasiones terminaba pagando más por el proceso judicial que por la indemnización en sí. Poder litigar los casos era la reclamación más importante de las agencias de viajes, que además tienen otras propuestas sobre la mesa, como sobreseer los casos en los que no se presenten pruebas médicas o limitar el 'fee' de los abogados a un 10%, que no se desconoce si entrarán en la reforma legal.

"Estamos muy contentos. Por fin el Gobierno británico se ha dado cuenta de que esa ley, tal y como estaba redactada, permitía el abuso de los consumidores", dice Antonio Mayor, presidente de la patronal hotelera en Benidorm. La ley de consumo a la que se refiere, promovida en 2012 y enmendada un año después, permite a los turistas británicos denunciar una intoxicación por la comida hasta tres años después de regresar de las vacaciones.

Las alarmas se dispararon durante el verano de 2016, cuando las reclamaciones en Baleares, Canarias y Benidorm, las zonas más visitadas por los británicos,se dispararon desde las 5.000 de 2015 hasta las 35.000, ocasionando pérdidas millonarias a los hoteles españoles y a los turoperadores británicos. "Esto era el Lejano Oeste. Los abogados de las granjas de denuncias se paseaban por Benidorm con furgonetas que animaban a demandar, e incluso se metían a los hoteles a repartir tarjetas. No sabíamos qué hacer", relata Mayor.

La ecuación era perfecta para el consumidor, ya que el abogado no le cobraba nada a cambio de un 60% de la indemnización en caso de ganar. En ocasiones, informan fuentes de la Policía Nacional, los letrados proveían a los turistas de justificantes, tales como un tique de compra de un medicamento contra la diarrea en la farmacia, para demostrar la hipotética gastroenteritis. "Otras veces les llamaban a su localidad de origen, meses o años después de las vacaciones, y les preguntaban directamente si querían irse este año gratis de viaje", explican las mismas fuentes. Las demandas hacían saltar inmediatamente los seguros de los turoperadores, que se veían incapacitados para recuperar el dinero y se lo repercutían a los hoteles españoles, que a su vez también se veían maniatados, ya que estos operadores británicos son su principal fuente de clientes.

En Benidorm, los hoteleros se sintieron tan desprotegidos quellegaron incluso a buscar restos de sangre y heces en las toallas para demostrar que los demandantes no habían sufrido desórdenes gástricos. Oscuras historias del año pasado que hoy parecen lejanas gracias a un intenso trabajo de 'lobby' en diversos frentes: "Estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido. Entre septiembre y diciembre de 2016 nos movilizamos todos para frenar esto", dice Mayor, de los hosteleros de la ciudad, "los turoperadores en Reino Unido y nosotros en España hablamos con embajadores, ministros y diputados para acabar con un problema que se estaba enquistando seriamente. Ahora no solo nos hemos librado de esto, sino que estamos mucho mejor preparados para cualquier otra estafa de este tipo que pueda surgir".